Hasta ahora, en el país cada año son obligadas a parir entre 2.000 y 2500 niñas menores de 14 años según Human Rights Watch, todas ellas producto de una violación, una realidad que está por cambiar

Era septiembre de 2019 cuando las calles de Quito se teñían de verde y morado, los colores de las feministas pro-abortistas. Mientras, en las redes sociales, se hacía viral la coreografía que realizaban un grupo de mujeres que cantaban una canción cuyo estribillo rezaba “el violador eres tú”, las plazas y avenidas ecuatorianas eran transitadas por millares de mujeres que exigían el derecho al aborto en caso de violación. «Saquen sus rosarios de nuestros ovarios» y «no son pro-vida, son anti-derechos», gritaban.

Tan solo unos días antes, la Asamblea Nacional, el órgano legislativo del país andino, rechazaba la proposición para legalizar el aborto en el país en los casos de mujeres que habían quedado embarazadas producto de haber sido violadas, por tan solo 5 votos.

Junto a aquellas mujeres, pancartas que rezaban: «No son madres; son niñas violadas», «Madres por decisión, no por violación», «No te obligamos a abortar; tú no obligues a parir» y «Ante muros que se construyen; mujeres que los destruyen”.

Entre aquellas personas, con las manos pintadas de rojo y sosteniendo una percha en las manos una manifestante explicaba que buscaban simbolizar la sangre que se derramaba por los abortos caseros y clandestinos practicados en casa con utensilios tan cotidianos como una percha.

“Si desarmas el armador (percha), introduces la parte del gancho por tu vagina, rascas el interior de tu cuerpo con la percha, exponiéndote a infecciones y heridas internas, tienes la forma en la que aún se practican muchísimos abortos clandestinos en Ecuador«.

Aquella manifestación terminó al caer la noche en la Plaza Grande, situada en el centro de Quito a pocos metros del Palacio de Gobierno de Ecuador, pero, más importante, a pocos metros de la sede de la Conferencia Episcopal ecuatoriana. La concentración terminó con cargas policiales y lanzamiento de granadas de gas contra las manifestantes.

Utensilios tan comunes como una percha son utilizados en Ecuador para realizar abortos clandestinos, provocando graves infecciones y heridas internas

Una lucha decidida en la corte

La esperanza de las activistas, no obstante, residía en la actuación de su presidente, Lenín Moreno, quien aún podía aplicar el veto presidencial a la negativa de la despenalización del aborto en el país puesto que, aunque no consiguieron los 70 votos a favor en la asamblea, los pro-abortistas tuvieron un mejor resultado que los anti-abortistas. Moreno abandonaría, un año y medio después el cargo sin haber aplicado dicho veto.

No obstante, quedaba una última baza, un último cartucho que las feministas esperaban que fuera el definitivo: la Corte Constitucional. Y es que, en los últimos años, se han presentado hasta “6 peticiones de inconstitucionalidad por diversos colectivos feministas y pro-derechos humanos”, explica la directora de la Fundación Desafío, Virginia Gómez de la Torre, quien es la máxima representante de una de las principales asociaciones feministas del país.

La Corte ha fallado a favor de declarar el artículo 150.2 del Código Penal inconstitucional, que reza: “El aborto no será punible si el embarazo es consecuencia de una violación en una mujer que padezca de discapacidad mental”.

El tribunal, a la hora de dirimir sobre esta materia, se preguntó si hacer la excepción con mujeres con discapacidad mental, en sí, no establecía un marco discriminatorio en lo respectivo al acceso de derechos humanos y si, por otra parte, la medida de mandar a prisión a una mujer por haberse practicado un aborto era una medida proporcional.

En este sentido, la Corte, en su fallo, afirmó lo siguiente: “La dignidad humana (…) es uno de los principales límites de la libertad de configuración legislativa, puesto que el Estado en su posición de garante debe proteger y garantizar los derechos y las condiciones mínimas de vida compatibles con la dignidad”.

Y prosigue: “el poder punitivo del Estado debe respetar los derechos de las personas racionalizando su ejercicio mediante una utilización medida, justa y ponderada de la coerción estatal”.

Partiendo de este principio, y siguiendo el numeral dos del artículo 11 de la Constitución de Ecuador que obliga a la no discriminación por “razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva”, el tribunal ha rescindido la limitación del derecho al aborto, ampliándolo a todas las mujeres por un plazo de 8 meses con efecto inmediato.

Estos 8 meses son el tiempo en que la resolución servirá como texto jurídico imperante hasta que la Defensoría del pueblo elabore un proyecto de Ley y la envíe a la Asamblea (2 meses) y para que el Legislativo la debata y apruebe un marco regulativo final al respecto (6 meses), respetando ese principio de inconstitucionalidad.

“Consideramos que es un fallo (judicial) histórico que obliga al país a pensar en cómo estaba siendo cómplice y encubridor de una violación a los derechos reproductivos y humanos de las mujeres brutal (…) en especial de las niñas” sentencia Gómez de la Torre.

Entre 2.000 y 2500 niñas menores de 14 años son obligadas a parir, según el Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil (CCPIDG) y Human Rights Watch

Un país restrictivo en la salud reproductiva

Hasta el pasado 28 de abril, día en que la Corte declaró inconstitucional el artículo 150.2 en Ecuador el aborto era ilegal y punible, tanto para el practicante como para la practicada. Según se establecen en los artículos del 147 al 150 del código penal, practicar el aborto en el país podía y, en algunos casos, acarrear una pena de cinco a dieciséis años de prisión para el que lo practica.

El país, además, obligaba a todas las demás mujeres, embarazadas producto de haber sufrido una violación, a seguir con la gestación. “La mujer que cause su aborto o permita que otro se lo cause, será sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a dos años”, reza el artículo 149 del Código Penal ecuatoriano.

No obstante, las estadísticas oficiales muestran que cada año, entre 2.000 y 2500 niñas menores de 14 años son obligadas a parir, según el Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil (CCPIDG) y Human Rights Watch, lo que equivale a unos 7 partos diarios de niñas. Todas ellas paren el fruto de su violación ya que, según la ley ecuatoriana, toda relación sexual mantenida con una menor de 14 años se considera violación.

Se trata de unas cifras que se incrementan a medida que se amplía el espectro de edad. De hecho, en el país se registraron en 2019 más de 9.000 denuncias por violación sólo en los 8 primeros meses del año, según la Fiscalía de Ecuador.

Pese a que, al inicio de la pandemia, explica la Fiscalía, se redujo drásticamente el número de delitos sexuales gracias a los periodos de confinamiento y el estado de excepción que implementa las restricciones de movilidad, lo cierto es que la tendencia de crímenes de índole sexual y de género volvieron a coger fuerza a medida que avanzaba la pandemia.

Gracias a este fallo jurídico se pone por primera vez «a la mujer violada en el centro y no al violador»

Un golpe simbólico a favor de las feministas, pero con mucha lucha por delante

Virginia Gómez califica de “golpe simbólico” el fallo, ya que “por primera vez, es la mujer violada la que está en el centro, no el violador (…) y el Estado ecuatoriano lanza un mensaje a las mujeres y las niñas de que se preocupa por ellas y les da valor a sus vidas y a sus cuerpos”.

No obstante, alerta que “esto va a ser una batalla” porque, desde la calle hasta la asamblea, “los grupos parlamentarios y población conservadores van a trabajar porque salga una ley muy restrictiva con el aborto”. “Obviamente despenalizar no es facilitar. En el país seguirá habiendo muchos obstáculos para practicar abortos de manera general” y “el aborto no va a dejar de ser clandestino”, prevé.

Además, insiste en que, si bien el aborto por violación es un logro, no hay que perder de vista el problema de fondo: a las mujeres las violan “desde niñas hasta ancianas”. Cita, así, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que resuelve que Ecuador debe trabajar para que “se cambien los patrones socioculturales que perpetúan, toleran y naturalizan la violencia sexual contra las mujeres”.

“Uno de los primeros obstáculos que habrá que sortear”, explica la activista ecuatoriana por los derechos LGBT Pamela Troya, será contrarrestar los “espacios de desinformación que los sectores mal llamados pro-vida generarán para dificultar el avance en el aborto”.

La activista menciona la reacción de abogados y juristas que, dicen, pedirán a instancias internacionales una revisión para la derogación de esta reforma. “Esto es absurdo, ya que son esas mismas instancias internacionales a favor de los derechos humanos las que han pedido al país que incluyan estos avances”, reflexiona. 

A lo que sí teme, por otro lado, es a los programas, debates televisivos, etc. que desde una posición conservadora y privilegiada, ponen en marcha una maquinaria para generar “opiniones como la de Teresa Arboleda” una periodista ecuatoriana a la que acusa de argumentar que “hay niñas que consienten la violación”.

Además, asegura que, por la vía de la despenalización del aborto, “estamos cumpliendo como país los estándares en derechos de las mujeres, en derechos humanos”.

Por su parte, Gómez de la Torre cree que la siguiente fase de la lucha de las mujeres pasa por “trabajar sobre el imaginario social para que cada vez sea más natural el acceso a este servicio que resuelve (las consecuencias) de un problema social”, es decir, que las mujeres, además de ser violadas, queden embarazadas de su violador y estén obligadas a tener al fruto de esa violación.

La victoria del pasado abril es un paso, pero, asevera, “las feministas seguiremos luchando para que salga una buena ley” y para concienciar “sobre una utopía que es posible, que es la despenalización total del aborto en Ecuador”. 

Fotos de la manifestación de setiembre de 2019, en Quito. Pamela Troya.