Desde que se tiene constancia, 2020 ha sido el peor en año en cifras para refugiados y desplazados internos: cada minuto huyen 24 personas de su hogar por conflictos armados, violencia generalizada y violaciones de los derechos humanos, tal y como recoge el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR).

Con motivo del Día Mundial del Refugiado, celebrado el pasado domingo 20 de junio, ACNUR ha publicado el Informe Anual sobre los movimientos de población forzosos durante el año pasado, mientras la pandemia obligaba a cerrar fronteras y paralizaba en numerosos casos el asilo. En total, han sido 82,4 millones de personas las que se han visto obligadas a abandonar sus casas, sus aldeas y sus familias; más de 1% de la humanidad.

Incluso dentro de los múltiples movimientos entre norte-sur existen discriminaciones, y es que algunos éxodos terminan siendo más mediáticos que otros. Entre los primeros, se encuentran los producidos en Siria, Yemen o Myanmar (donde los rohingya no son reconocidos como ciudadanos). 

Sin embargo, Mozambique, aunque menos conocido, ha sufrido durante este año de la pandemia una situación dramática que se ha saldado ya con 800.000 desplazados internos que escapan de la violencia que vive el país. 

Todo comenzó con un ataque a dos comisarías en 2017 por parte de un grupo yihadista, que prometió después lealtad al Estado Islámico y causó auténtico teror en la zona. Save the Children denunció decapitaciones de niños en Cabo Delgado.

El pasado mes de marzo la ciudad norteña de Palma fue atacada, sumando al menos 9.000 personas huidas, según informó la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios. Desde entonces, los desplazamientos en el país (de 801.590 km2 de extensión) continúan multiplicándose. 

“El gran desafío para los refugiados, la ONU y otras agencias que trabajan en el área es, no solo pensar en una ayuda humanitaria inmediata, sino también en ofrecer soluciones porque los refugiados no van a volver a su casa en un tiempo”, afirma en exclusiva a green fugees Francesca Fontanini, relaciones de ACNUR en Mozambique.

Fontanini, miembro sénior de la organización, enumera las violaciones de derechos humanos en el país; “reclutamiento forzoso para los niños, violencia sexual, secuestro y abuso para las niñas”, una situación compleja repleta de violaciones de derechos que, unida a un bloqueo del área del norte de Mozambique – donde ACNUR no dispone de acceso seguro – imposibilita las intervenciones necesarias de las ONG.

Infancias robadas 

Fontanini, que arranca a hablar durante un directo con nosotros, calcula que un 80% de los refugiados son mujeres y niños, que llegan tras caminar durante 5 o 10 días, “simplemente con lo puesto”, apostilla la integrante de ACNUR.

“Reclutamiento forzoso para los niños, violencia sexual, secuestro y abuso para las niñas”, recoge la relaciones de ACNUR sobre la situación de la infancia en Mozambique

Sin embargo, a pesar de las condiciones económicas críticas para la población, es la propia comunidad mozambiqueña la que ofrece sus casas para muchos de los desplazados, llegando a convivir 50 personas en una casa, “con 15 personas por habitación”, relata Fontanini, “comiendo como mucho dos veces al día”, añade. Mientras, otros de los desplazados son alojados temporalmente en campamentos internos.

En cualquiera de los dos casos, los niños no pueden ir con frecuencia a la escuela de la comunidad, por largas distancias o falta de servicio. “Son generaciones enteras las que se están perdiendo su escolarización, dado que no es la primera vez en sus vidas que se desplazan”, explica la italiana. De hecho, “muchos de los que provienen de Cabo Delgado están viviendo su tercera o quinta huida”, pormenoriza.

Además del problema de la escolarización, la malnutrición de los niños más pequeños es tal que muchas madres, incapaces de dar de mamar, usan una hierba muy amarga para poder así alimentar con algo a sus hijos.

Por otro lado, los niños que no están acompañados por su madre ni ningún otro familiar sufren de graves consecuencias psicológicas debido al trauma que supone no saber dónde están sus padres. “No hay comunicación posible”, enfatiza la componente del organismo de la ONU. 

Una realidad que menoscaba por completo cualquier atisbo de planes de futuro para miles de niños que carecen hasta de los documentos legales necesarios para cualquier tipo de trámite, muchos de ellos no tienen – o han perdido por el camino – su certificado de nacimiento y cédula de identidad.

Red de mujeres

Una de las medidas para calmar la ansiedad generalizada de los desplazados recae en los grupos de discusión, “en los que se llevan a cabo programas de ayuda psicológica y reunificación familiar”, indica Fontanini.

Casi todos los desplazados sufren trastorno de estrés postraumático y ansiedad generalizada, problemas que comparten en los grupos de discusión abiertos para ello

En ellos, es el propio ACNUR el que identifica a aquellas mujeres que pueden ser formadas para dar asistencia al resto de compañeras. En total, han sido ya 80 las que han sido instruidas para asistir a los “puntos focales de protección”, donde se realizan formaciones y actividades de sensibilización para reportar, por ejemplo, casos de violencia machista.

Estas “comadres”, como Fontanini las llama, son en muchos casos las que continúan el seguimiento de cada caso. Una de estas formadas fue María, cuya historia comienza precisamente el 24 de marzo en Palma, el primer día que la ciudad al norte de Mozambique comenzó a ser asaltada.

“María me contó que cuando oyó los disparos no se dio cuenta de lo que estaba pasando”, narra la relaciones de ACNUR, hasta que escuchó a la gente gritando “¡hay que huir al puerto!”. Lamentándose de no poder coger ninguna muda limpia para ellas, María agarró a sus tres hijas pequeñas y se lanzó a los barcos del puerto, donde todos se ayudaban para alcanzar algún bote, oyendo a sus espaldas los disparos cada vez más y más cerca.

Tras caminar unos diez días, María y sus hijas llegaron a la ciudad de Pemba, donde animada por ACNUR se alojó en un centro de tránsito. “Un gimnasio reconvertido”, confiesa Fontanini, “donde ella esperaba cada mañana en la puerta a que llegara su marido”.

Charla con Francesca Fontanini, miembro de ACNUR en Mozambique https://t.co/jQvjbXjRhY

— green fugees (@greenfugees) June 17, 2021

Sin embargo, nadie sabía nada sobre los que se habían quedado en Palma. Las comunicaciones estaban cortadas. María se ofreció como voluntaria para ser parte de los puntos focales. “Se convirtió en una buenísima formadora”, esgrime la italiana, “daba cursos muy importantes para las mujeres”. 

Meses después, el esposo de María llegó. Y, por fin, reunidos los cinco, la familia se fue a otra ciudad, Nampula, para buscar a la abuela (la madre de María) y marchar a otras tierras donde poder sembrar juntos de nuevo.

Una financiación que no llega al 9%

“Desde el lanzamiento en diciembre del último llamamiento de ACNUR junto a otras agencias, solo hemos recaudado un 9% de la financiación total prevista”, reconoce Fontanini. Una cifra que espera poder salvar por el momento gracias al sistema de donaciones privadas.

Las guerras étnicas, el cólera y los ciclones propios de la zona aumentan el número de los desplazados. “Sin la ayuda de la comunidad internacional esto sería todavía peor”, apunta nuestra entrevistada. Una situación afectada por la imposibilidad de mantener distancias en tiempos de COVID-19 y por la dificultad de mantener un estándar aceptable de agua e higiene. 

Los refugiados y desplazados no quieren depender de ayudas, “quieren recomenzar lo antes posible su vida”, concluye Fontanini. Una lección a recordar.